Caso Fabricio infunde miedo a veedores


Veedores dicen ser amedrentados
QUITO

QUITO. Pablo Chambers (d), coordinador de la veeduría que revisó los contratos del Estado con empresas vinculadas a Fabricio Correa, acudió ayer a la Comisión de Derechos Colectivos.

Los miembros de la veeduría ciudadana que investigaron la legalidad de los contratos entre el Estado y las empresas presuntamente vinculadas con Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República, denunciaron ayer que son víctimas de persecución y amedrentamiento.

Los cuatro veedores Pablo Chambers, Víctor Hugo Hidalgo, Gerardo Portilla y José Quishpe acudieron ayer a la comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea donde se ratificaron en las conclusiones de que el mandatario Rafael Correa sí conocía de los contratos, los que habrían provocado un perjuicio al Estado por alrededor de $ 143 millones.

En su exposición, Chambers, coordinador de la veeduría, mostró algunos videos con declaraciones del Primer Mandatario y de su hermano, respecto a los procesos de contratación. Los veedores entregaron a la comisión toda la documentación y videos obtenidos durante la investigación.

Otro de los miembros, Víctor Hugo Hidalgo, afirmó que se sienten amedrentados, “especialmente por las últimas declaraciones de Fabricio Correa, porque si nos va a seguir un juicio civil, ¿qué montos irá a pedir y cómo será ese proceso?, se preguntó.

“No podemos estar tranquilos, tampoco nuestras familias, porque nos ven tensionados, pero no por cometer atrocidades o calumnias, sino porque estamos frente a una infamia de amenazas”, subrayó.

Hidalgo dijo que se los convocó a realizar un trabajo sin remuneración, “sin embargo, se cumplió a pesar de no tener respaldo ni siquiera logístico”.

Mientras, José Quishpe denunció que el lunes anterior el coordinador de la veeduría, Pablo Chambers, fue interceptado en su vehículo y se suscitó un incidente.

Posteriormente, el miércoles pasado cuando salieron de la Asamblea fueron objeto de persecución por parte de un vehículo desconocido y tuvieron que regresar al Palacio Legislativo, para pedir seguridad.

El presidente de la comisión de Derechos Colectivos, Marco Murillo (MAY), pidió al Gobierno brindar las seguridades necesarias para los veedores, “pues no puede ser justo de que una comisión ciudadana tenga este tipo de amedrentamientos vengan de donde vengan, lo cual podría crear consecuencias nefastas, porque a futuro nadie aceptará ser parte de una veeduría por las represalias que se presentan”.

La próxima semana se volverá a reinstalar la comisión legislativa para tomar una resolución y dar el respaldo a quienes llevaron adelante la investigación respecto a los contratos con el Estado.
En la Asamblea Nacional está pendiente una resolución planteada por el asambleísta Paco Moncayo de Alianza Libertad, y respaldada por otros legisladores opositores al Gobierno, para exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el cumplimiento de la normativa vigente, en el sentido de garantizar los procesos de veeduría ciudadana, protegiendo a sus miembros para que ejerzan su derecho a ejecutar acciones de control sobre las diferentes funciones del Estado.

Igualmente, se presentó un proyecto de resolución por parte de Andrés Páez (ID) para conceder amnistía a los miembros de dicha veeduría.

La bancada oficialista de Alianza PAIS no se ha pronunciado aún sobre el apoyo o negativa a estas iniciativas de la oposición.

Tomado de: Diario El Universo

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